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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) activó el trámite virtual del Registro Único del Contribuyente (RUC) para que las entidades públicas contraten personas naturales durante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus.

La medida fue tomada para evitar la obligación de acudir a una sede de la Sunat para obtener presencialmente su número de RUC, en caso no lo tuvieran. Las entidades públicas deberán remitir a la Sunat la relación de las personas naturales a ser contratadas cuyos datos luego serán validados con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Con ese número de RUC, las personas naturales podrán ingresar a Sunat Virtual y obtener su usuario y contraseña (clave SOL) para acceder a la plataforma Sunat Operaciones en Línea y realizar trámites como afiliarse al servicio de emisión de comprobantes de pago electrónico, entre otros.



Actualmente, el trámite del RUC no puede realizarse en forma presencial debido al aislamiento social obligatorio establecido en la declaratoria del estado de emergencia nacional. El procedimiento especial para la inscripción en el RUC y la obtención de la clave SOL fue aprobado hoy mediante Resolución de Superintendencia N° 062- 2020/SUNAT, publicada en la edición extraordinaria de las Normas Legales del diario oficial El Peruano.

 

El Congreso recibió este jueves el oficio y en cuanto a materia de trabajo y promoción de empleo, se prevé dictar medidas para garantizar prestaciones de salud a personas desempleadas, así como apoyo al cuidado de familiares con Covid-19 o en grupo de riesgo, dirigidas a los usuarios para su atención médica y protección financiera para los gastos de salud. De igual manera se propone el otorgamiento de subvenciones para microempresas y pequeñas empresas; así como la simplificación de procedimientos de la mano con las entidades competentes para la entrega de certificados y otros documentos necesarios en el marco del Servicio nacional de Empleo.

Además, se contempla la asignación de mayores recursos para los programas de empleo y para la generación de servicios o proyectos dirigidos a determinados sectores, lo cual permitirá mayores ingresos en los hogares y la generación de mayores capacidades para su integración en el mercado formal. Precisa que esta medida irá acompañada de incentivos a las empresas. Asimismo, se propone reforzar el rol de la inspección del trabajo a efectos de otorgar mayor protección a trabajadores en riesgo de perder su empleo o para la protección de su seguridad y salud en el tetetrabajo, así como reforzar servicios de defensa legal para los trabajadores. También se contempla otorgar facultades a los Gobiernos Regionales, Locales y pequeñas y microempresas para el pago de sus aportes a EsSalud, sin que sus trabajadores pierdan ningún tipo de cobertura o prestación de salud o seguridad social.



Pérdida de empleo
En el proyecto de ley en mención el Gobierno explica los efectos de esta pandemia en el mercado laboral. Así, se prevé la pérdida de empleo de más de 500,000 trabajadores de microempresa (De a 10 trabajadores) y 570,000 trabajadores de pequeñas empresas (De 11 a 100 trabajadores). De este modo, precisa que las medidas adoptadas en materia laboral y empleo son necesarias para aminorar las pérdidas producidas por la suspensión de ingresos ante el cese temporal o permanente de los trabajadores. “Si eso le sumamos que antes de la emergencia existía casi 3.9 millones de trabajadores asalariados informales (ENAHO-2018), las medidas de empleo son necesarias para reducir el impacto en la vida de los trabajadores, permitir mayores oportunidades en el mercado formal, con énfasis en aquello de mayor vulnerabilidad (jóvenes, personas con discapacidad, entre otros) y para reducir el shock en la economía”, señala el documento.

En ese sentido, refiere que si bien se vienen adoptando medidas económicas de subsidios dirigida a estos grupos, es necesario que estas medidas sean acompañadas por aquellas que permitan la generación de empleo temporal, la intermediación laboral, la certificación de competencias, la capacitación laboral, entre otras. Es preciso mencionar que el Congreso, a través de su cuenta de Twitter, indicó que esta mañana recibió el proyecto de ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el Covid-19, el mismo que lleva la firma del presidente Martín Vizcarra y el jefe del Gabinete Ministerial, Vicente Zeballos.

Entre otras materias sobre la cual se pide legislar se encuentra: salud; política fiscal y tributaria; promoción de la inversión pública; seguridad ciudadana; educación, prevención y protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad; bienes y servicios para la población; protección a los sectores productivos; extractivos y de servicios; promoción cultural y de turismo; y finalmente en materia del control.

 

Por medio del Decretó de Urgencia N° 031-2020, el Gobierno facultó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso a personas naturales debido a la emergencia sanitaria en nuestro país por el coronavirus (COVID-19).


“Facúltase a la SUNAT a efectuar las devoluciones de oficio a que se refiere el artículo 5 de la Ley N° 30734, Ley que establece el derecho de las personas naturales a la devolución automática de los impuestos pagados o retenidos en exceso, respecto de los pagos en exceso del impuesto a la renta que correspondan al ejercicio gravable 2019, antes de la fecha prevista en el numeral 5.7 de dicho artículo”, dice el Decreto publicado en el diario oficial El Peruano.

Recordemos que la fecha prevista para la devolución de oficio del Impuesto a la Renta era a partir del 13 de abril de 2020 y en un plazo de 30 días contados desde esa fecha, sin embargo por el estado de emergencia, esto cambió. Recordemos también que la Sunat debe devolver de oficio los pagos en exceso del impuesto a la renta del ejercicio de los contribuyentes que perciban rentas de cuarta y/o de quinta categorías, sin perjuicio de la obligación o no de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta, que se originen como consecuencia de las deducciones anuales establecidas en el artículo 46 de la Ley del Impuesto a la Renta.

Cuatro supuestos que se beneficiarán con esta disposición.
El primero corresponde a un persona natural que presentó su declaración de Impuesto a la Renta 2019. “Resulta que en la declaración se determina que tiene una devolución de S/ 1,000 pero no solicitó la devolución de manera formal. En ese supuesto y al amparo del DU, Sunat -sin solicitud de por medio- le va a devolver el dinero. Es lo que se llama devolución automática”.
El segundo supuesto corresponde a un trabajador que trabaja en planilla (quinta categoría) y no le toma mayor importancia a la declaración de Impuesto a la Renta por lo que no hizo y tampoco pidió la devolución.
El tercer supuesto corresponde a aquella persona que emite recibos por honorarios y que siempre le han retenido el 8% de Impuesto a la Renta. “Resulta que la persona cree que el 8% es el pago del impuesto. Al año hace menos de S/ 30,000 y deja botado su 8% que es S/ 2,400. En este caso, si que no hizo su declaración, Sunat le devolverá los S/ 2,400 de forma automática también”. En este caso, el contribuyente recibirá una notificación para que con un código le cobre al Banco del Nación.
El cuarto supuesto corresponde a una persona que por la mañana trabaja en planilla (por ejemplo, el profesor de música de un colegio) y por la tarde emite recibos por honorarios (por ejemplo, es profesos particular).

 

 

El congresista Franco Salinas de Acción Popular presentó en la víspera una iniciativa legislativa para que durante el periodo del estado de emergencia y hasta 30 días después de finalizado, los trabajadores puedan disponer de su CTS de forma excepcional y por una sola vez. Específicamente podrán disponer del 100% del excedente de dos remuneraciones brutas de sus cuentas individuales de CTS y que tengan acumulados a la fecha de disposición.

También plantea que excepcionalmente, los trabajadores que superen los 60 años a solicitud y por una sola vez podrán disponer libremente del 100% del excedente de una remuneración bruta de sus cuentas individuales de CTS y que tengan acumulados a la fecha de disposición. El proyecto de ley propuesto también precisa que no podrán acceder a este beneficio aquellos casos de embargo o retención de la CTS decretados por el Poder Judicial o contenidos en acuerdos conciliatorios extrajudiciales, destinados a atender atender obligaciones de naturaleza alimentaria, dentro de los montos o porcentajes establecidos.