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El Gobierno aprobó que el nuevo valor de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) sea fijada en S/4300 para el 2020. Este importe es para determinar impuestos, infracciones, multas y otros aspectos. El monto de la UIT aumenta en S/100 soles en comparación con los S/4200 de este año. Mientras que, en el 2018, el Gobierno incrementó este valor en S/50, al pasar de S/4150 a S/4200. El Decreto Supremo N° 380 – 2019 – EF publicado en el diario Oficial El Peruano lleva la firma las firmas del presidente de la república, Martín Vizcarra, y de la ministra de Economía, María Antonieta Alva.
Según el Código Tributario, la Unidad Impositiva Tributaria es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias, entre otros. Su cálculo es siempre determinado mediante Decreto Supremo considerando los supuestos macroeconómicos presentados por el Ministerio de Economía. 

¿Qué es la UIT?
Según el Código Tributario, la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) es un valor de referencia que puede ser utilizado en las normas tributarias, entre otros. También sirve para determinar impuestos, infracciones, multas y otros aspectos tributarios. Por ejemplo, algunos montos se expresan en cantidades (5 UIT’s) o porcentajes (20% UIT).

 

Desde el 13 hasta el 23 de este mes, más de 15 mil Principales Contribuyentes Personas Jurídicas (empresas) a nivel nacional deberán cumplir con presentar la declaración del Beneficiario Final, que tiene por finalidad combatir la evasión y elusión tributaria, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Para ello, se deberá utilizar el Formulario Virtual N° 3800, que contiene una versión simplificada y un aplicativo Excel, que están disponibles desde el 1 de diciembre en Sunat Operaciones en Línea (página web). Las normas del Beneficiario Final también tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de las obligaciones de asistencia administrativa mutua en materia tributaria (intercambio de información tributaria y financiera). Asimismo, coadyuvar en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. En caso el contribuyente obligado no cumpla con presentar la declaración en los plazos establecidos o la presente de manera incompleta o no conforme a la realidad, se le aplicará una sanción equivalente a 0,6% de sus ingresos netos, la cual no podrá ser menor a 5 UIT (21 mil soles) ni mayor a 50 UIT (210 mil soles), sin perjuicio de las demás infracciones previstas en el Código Tributario que pudieran corresponder.

La Sunat informó que ha habilitado una sección específica en su página web a efectos de brindar información general sobre el referido régimen. Asimismo, ofrece orientación a través de sus Centros de Atención al Contribuyente y de la central de consultas telefónicas, así como por medio de las redes sociales. Adicionalmente, hoy se publicó un Decreto de Urgencia en la que, entre otras cosas, exceptúa de la presentación de la Declaración de Beneficiario Final a una serie de entidades públicas.

Excepciones

Se publicó un Decreto de Urgencia en el que se exceptúa de la presentación de la declaración de beneficiario final a las siguientes personas jurídicas y entes jurídicos:

a) Banco Central de Reserva del Perú, así como bancos e instituciones financieras cuyo capital sea 100% de propiedad del Estado Peruano.
b) Iglesia Católica.
c) Entidades de la Administración Pública
d) Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe).
e) Embajadas, Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares, Organizaciones u Organismos internacionales acreditados ante el Estado Peruano.
f) Universidades Públicas, Institutos y Escuelas Superiores Públicos, Centros Educativos y Culturales Públicos.
g) Empresas públicas cuyo capital al 100% es de propiedad del Estado Peruano.

 

La ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, responsabilizó a los migrantes de Venezuela de la mayor tasa de desempleo entre los jóvenes peruanos.
De acuerdo al último reporte del INEI, en el trimestre móvil septiembre-noviembre, el desempleo entre jóvenes de 14 a 24 años cayó 9.6%. Es decir, 86,000 personas están desocupadas. Según indicó Cáceres en entrevista con Canal N, los venezolanos en Perú desplazaron a dos tercios de estos 86,000 jóvenes desocupados.

La ministra explicó esta reducción en la población ocupada por dos factores. El primero es que un tercio de estos jóvenes han optado por estudiar y se han matriculado en un instituto o centro de estudios, por lo que no pueden trabajar. “El segundo factor, y no podemos negar esta evidencia, es el ingreso de migrantes de Venezuela a nuestra economía, que están pugnando por colocarse en puestos laborales y desplazando a los nacionales”, señaló, en referencia a los dos tercios restantes. Cáceres apuntó que los empleadores se aprovechan del estado de necesidad de los migrantes venezolanos y generan un escenario de discriminación salarial.

“La inspección de trabajo verifica si la persona que presta un servicio reúne el perfil necesario para ofrecerlo; y si viene un trabajador, independientemente de su nacionalidad, a decir que ha sido desplazado por una razón discriminatoria que se plasma en menores pagos, la inspección debe actuar porque se está constituyendo un acto de discriminación”, acotó. Además, subrayó que se deben evitar estas situaciones “como el desplazamiento por razón de nacionalidad, sobre todo aprovechándose del estado de necesidad que algunos empleadores están dispuestos a desplegar”.

Operativos
La ministra de Trabajo indicó que en el año la Sunafil ha desarrollado 1,000 operativos para detectar estos actos de discriminación. No obstante, añadió, las sanciones aún no llegan porque el proceso tarda un año. “Los procedimientos que acompañan a estas inspecciones normalmente tardan un año. La acción inspectiva tarda 30 días, pero el empleador tiene el derecho de discutir y contradecir una resolución”, anotó. Agregó que la sanción solo constituye una multa, y que si el trabajador afectado quiere un resarcimiento debe acudir a la vía judicial.

 

Las instituciones educativas, centros culturales privados y empresas de transporte estarán obligadas a emitir comprobantes de pago electrónicos (facturas y boletas de venta) desde enero próximo, informó la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

La norma que regula esta obligación es la resolución de superintendencia N° 318-2017/SUNAT, la misma que establecía el inicio de la emisión electrónica de comprobantes de pago para estos contribuyentes para el 1 de enero del 2019, pero que fue postergada hasta el próximo año.

La referida norma también señala que la obligación de emitir comprobantes de pago electrónicos alcanza a las operaciones de las empresas que prestan el servicio de transporte terrestre, ferroviario y transporte aéreo especial de pasajeros.

Igualmente, las compañías que brindan el servicio de transporte acuático (marítimo, lacustre o fluvial) y las de transporte aéreo de carga, entre otros.

Cabe indicar que la obligación de emitir sus comprobantes de pago electrónicos recae específicamente en las operaciones por las cuales, las mencionadas entidades, deban emitir documentos autorizados, correspondiendo emitir en su lugar factura o boleta electrónica.