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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) informó hoy que la transformación digital contribuirá a ampliar la base tributaria en el país. Los contribuyentes no inscritos o registrados, que están por incorporarse (para tributar) y los contribuyentes con RUC que no registran toda su actividad económica podrían ayudar a ampliar la base impositiva”, dijo el superintendente nacional adjunto de Tributos Internos de la Sunat, Luis Enrique Vera.

En ambos casos la transformación digital ayuda de manera importante porque a través de los comprobantes electrónicos se está encontrando en forma nítida lo que antes no se observaba, por lo que a medida que pase el tiempo la Sunat ganará eficiencia al disponer de más información, manifestó. “Latinoamérica está más avanzada en el tema de comprobantes electrónicos que Europa, por ejemplo”, refirió Vera en la XV Expopyme: “Desafíos y oportunidades para las pequeñas y medianas empresas”, organizada por la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

También destacan los contribuyentes que podrían estar utilizando mecanismos de elusión y fraude de ley para los que debe utilizarse herramientas legales y de gestión tributaria, mencionó.

Importación y notificaciones
En otro momento, indicó que el tiempo destinado al proceso de importación ha disminuido de 140 horas a 94 horas entre el 2017 y el 2018, lo cual significó elevar la competitividad de los contribuyentes o los operadores de comercio exterior. “Hasta julio de este año lo hemos reducido a 79 horas”, dijo. Vera mencionó que el 80% de las notificaciones se hace de manera electrónica y que prevén llegar al 100% el próximo año.  Además se ha migrado de ocho días en promedio a tiempo real, en el plazo de entrega de las notificaciones electrónicas. Con ello, el Estado se ha ahorrado 114 millones de soles, indicó. “Hemos logrado casi 14 millones de notificaciones electrónicas”, sostuvo.
En este sentido, dijo que la Sunat ha recibido el interés de cinco ministerios que buscan replicar en sus instituciones el sistema de notificaciones.

Sin RUC
Finalmente, informó que están trabajando en un programa piloto con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) para lograr la autenticación remota, por lo que ya no sería necesario que las personas naturales tengan Registro Único de Contribuyentes (RUC). “Esperamos poder tenerlo el primer mes del próximo año. Esto será un cambio relevante porque la Sunat espera que en el 2020 desaparezca el RUC para las personas naturales”, dijo.

 

La Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó por unanimidad el proyecto de ley que modifica el Código Protección y Defensa del Consumidor con el fin de hacer efectiva la desvinculación de contratos de servicios públicos en un plazo de 48 horas. La iniciativa establece que los consumidores tienen derecho a emplear los mismos mecanismos de forma, lugar y medios que utilizaron para contratar el servicio para solicitar la desvinculación contractual, así como también prestaciones adicionales o complementarias, presentación de reclamos o quejas.

Tales mecanismos son: todos los puntos de venta sean propios o administrados por terceros, los centros de atención al cliente, vía telefónica, vía Internet, vía mensaje de texto a teléfonos móviles y cualquier otro medio físico electrónico o análogo que se utilice para la contratación del servicio. Según el documento aprobado, la decisión del consumidor de poner fin al contrato no requiere justificación, pero debe ser comunicada de manera inequívoca y empleando cualquier medio que genere certeza de su fecha.

La iniciativa legal señala que la vulneración de estas disposiciones constituye una infracción administrativa sancionable por el Indecopi u organismo regulador competente en cada mercado. La desvinculación contractual se realizará sin ningún tipo de sanción o carga onerosa o desproporcionada, tales como pérdida de cantidades abonadas por adelantado o el cobro por servicios que no hayan sido prestados.

Problemática
El dictamen aprobado señala que este cambio normativo busca solucionar el problema de la demora por parte de las empresas para la cancelación de servicios solicitados por los consumidores. 
Refiere que, generalmente, las empresas proveedoras ponen al alcance de los consumidores herramientas que hacen simple y ágil el contratar sus servicios, como hacer un “sencillo clic” en el ordenador o una respuesta afirmativa a través de una llamada telefónica. Sin embargo, continúa, para finalizar la prestación del servicio, estas mismas empresas requieren que el consumidor les refiera los motivos por los cuales no desea continuar con el contrato o que se llene un formulario de encuesta. Luego de ello les otorgan un plazo durante el cual se procesa la información previa a ser aceptada la solicitud, para posteriormente poder ejecutar y/o hacer efectiva la finalización del contrato de consumo

 

La Contraloría detectó errores y/o limitaciones en estados financieros de más 2,400 entidades públicas de los cinco niveles de gobierno y empresas del Estado, informó la institución. El Contralor Nelson Shack planteó medidas para subsanar las limitaciones en la Cuenta General de la República halladas en la auditoría realizada.

Limitaciones
El Informe de Auditoría Financiera N° 1773-2019-CG/ECO presentado por la Contraloría toma en cuenta la recopilación de información proporcionada por 2,472 entidades integradas en el 2018. Del total, el 11% de entidades (262) corresponden al Gobierno Nacional, el 1% (32) a Gobiernos Regionales, el 82% (2,048) a Gobiernos Locales (municipios), el 6% (157) a empresas del Estado y otras cinco formas organizativas que administren recursos públicos. En el caso de los Estados Financieros, no se obtuvo evidencia suficiente y apropiada de diversas cuentas del activo de los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, por la falta de soporte documentario en activos fijos, proceso de revaluación de activos fijos, diferencias de conciliación no aclaradas y obras culminadas en uso sin liquidación y saneamiento físico legal.

Mientras que algunos activos fijos registrados al 31 de diciembre de 2018 y de 2017, se encuentran sobreestimados principalmente por haber transferido dichos activos a las entidades beneficiarias o por aquellos activos en estado de inoperatividad. Asimismo, diversas cuentas del activo se encuentran subestimadas al no haberse registrado los activos concesionados y otras operaciones en los estados financieros. Los Estados de Situación Financiera y Estado de Gestión Consolidados presentan saldos por cuentas recíprocas no eliminadas en el proceso de consolidación, debido a la falta de sinceramiento de las cuentas entre entidades vinculadas.

¿QUÉ PROPONEN?
La Contraloría recomienda al Ministro de Economía disponer que el Viceministro de Hacienda promueva una reunión entre la Dirección General de Contabilidad Pública y el FONAFE para la presentación integral de las partidas de ingresos y gastos, en el proceso de integración a la Cuenta General. Disponer que la Dirección General de Contabilidad Pública del MEF, responsable de la formulación y elaboración de la Cuenta General, regule la uniformización de criterios para el registro y reconocimiento de los fideicomisos que constituye el Estado a través de sus entidades y empresas, así como, el registro de los ingresos y gastos que el Estado realice al operar este instrumento financiero. Disponer que el FONAFE regule los criterios para el registro y reconocimiento de los Saldos de Balance de las empresas públicas bajo su ámbito, con la finalidad de revelarlos correctamente en la Cuenta General de la República.

 

La evasión del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) representó el 32% de lo que se dejó de recaudar el año pasado, es decir, S/ 22,634 millones, según la Sunat. De este monto, S/ 4,308 millones se explicó por operaciones no reales, que son operaciones que, a pesar de sustentarse en un comprobante de pago (formal), no se han concretado o verificado en la realidad. “Las operaciones no reales básicamente son las facturas falsas. Estas pueden ser de dos tipos: cuando la factura en sí misma es falsa, es decir, puede estar clonada; y cuando la factura es real, pero la empresa que la emitió fue constituida sin ningún fin económico, sino solo para trasladar un crédito fiscal, un gasto, un costo de la empresa adquiriente de supuestos bienes (y servicios)”, declaró a Gestión Palmer de la Cruz, intendente nacional de Estrategias de Riesgos de Sunat.

Bajo este contexto, declaró que las acciones de fiscalización de la Sunat se concentrarán este año en dos sectores: servicios y construcción (este último incluirá a algunas empresas vinculadas al comercio de materiales). ¿Por qué estos sectores? De los S/ 4,308 millones por operaciones no reales, el 88% se explicó por operaciones en los sectores de servicios, comercio, manufactura y construcción (ver gráfico). “Es importante señalar que esta distribución está en función a la actividad económica que este operador no real ha declarado, y a veces la actividad realizada es inexistente”, dijo.

Fiscalización
Durante el 2018 y la primera mitad de este año, se han fiscalizado 4,829 operaciones por S/ 613 millones, de los cuales 2,241 por S/ 219 millones se detectaron como no reales (291 casos están en proceso). “El 46% de nuestras acciones estuvieron vinculadas de manera directa o indirecta a operaciones no reales. En otras palabras, cerca de la mitad de los casos que inspeccionamos, buscando que el IGV pagado sea el correcto, termina teniendo algún grado de vinculación con la operación no real”, anotó.

Por ejemplo, se detectó por primera vez un caso donde una operación no real no solo vinculaba a una empresa nacional, sino a otras en el exterior (Chile y Uruguay). Los proveedores no tenían substancia económica, y la cancelación a estos se realizó a través de bancos con cargo a cuentas de empresas vinculadas. Durante el 2018 y hasta junio de este año, también se detectó que el 58% de trámites para obtener un RUC, estarían referidos a empresas que se han constituido con la finalidad de trasladar un crédito fiscal indebido. Y, en dicho periodo, se han emitido informes de indicios de delitos tributarios por 1,115 involucrados (115 expedientes).

 

Revisarán regulación a efectos de mejorar efectividad
El impacto comercial que tienen las operaciones no reales se concentra –en monto (70.7%) y número de contribuyentes (63.7%)– principalmente en Lima. La estrategia de la Sunat para combatir ello está orientada a facilitar el cumplimiento, asistir a los contribuyentes, disuadirlos o usar el máximo rigor de la ley. El plan de la administración tributaria busca profundizar en la investigación de casos vinculados con delito tributario, revisar la regulación a efectos de mejorar la efectividad, ampliar las acciones de control, actualizar con experiencia empresarial los perfiles de riesgo y establecer alertas preventivas.
Sobre la legislación, Palmer de la Cruz, funcionario de Sunat, declaró que esta debería permitir que la administración tributaria trate de manera diferenciada a los contribuyentes según su perfil de riesgo; además, debería mejorar la facultad de fiscalización. Hoy, Sunat tiene que probar, comprobante por comprobante, que se trata de una operación no real a pesar de conocer que una empresa es falsa.

OtroSí Digo
Gremios. Tras una reunión con los gremios empresariales, De la Cruz indicó que se ha detectado cinco elementos que deben ser abordados desde varios frentes para evitar las operaciones no reales en el país: atacar la informalidad, revisar los sistemas de pago –como las detracciones o retenciones– porque estos aseguran el pago efectivo del IGV, desarrollar una mayor seguridad jurídica, se debe revisar las exoneraciones y la efectividad punitiva para estos casos.